El medio ambiente suele considerarse una excepción a los sistemas de gestión y económicos de las democracias liberales. Basta una somera revisión de las “crisis ambientales” de mayor actualidad (desde el cambio climático al desarrollo urbanístico pasando por las pesquerías, los incendios forestales o la biodiversidad) para percibir que tanto los políticos y las administraciones públicas, como las organizaciones ecologistas o buena parte de la población desconfían profundamente de los mecasnismos de mercado y la iniciativa privada como instrumentos para la gestión ambiental. Ante esta anomalía se reclama mayor inversión y control público que evite el éxito de los free-riders que “se aprovechan” de los bienes ambientales comunes. Ya hace un tiempo, en Una visión alternativa de la sostenibilidad: mercados y recursos naturales (que apareció posteriormente como artículo en la revista Grial), proponía que la realidad no se acomoda a esta visión popular y que los mecanismos de mercado suponen una alternativa viable a los ineficaces sistemas de gestión dominados por el estado que no han frenado (cuando no incentivado) la degradación ambiental, a pesar de utilizar abudantes recursos en este objetivo declarado.
Hace unos meses Jason Scorse, del Monterey Institute of International Studies, publicó en el blog Environmental Economics una propuesta de cuatro cambios en las políticas públicas por las que la “economía de mercado” podría mejorar la gestión ambiental (The “Four E’s” Of Environmental Improvement). Al igual que muchos “políticos progresistas” ignoran el funcionamiento del capitalismo (yo añadiría que también muchos “conservadores”, al menos en España), la mayor parte del movimiento ecologista tradicional siente aversión a los principios del mercado libre. Por esta razón Jason Scorse se sentía como una “especie en peligro de extinción” en una conferencia sobre recursos naturales comunes o de propiedad comunal y elaboró esta propuesta de cuatro principios que, aunque pudieran sonar a ideas básicas ya de sobra conocidas, fueron una novedad enormemente polémica en esa conferencia.
1. Eliminar todos los subsidios reacionados con los recursos naturales, que se suelen denominar “subsidios perversos” al reducir artificialmente sus precios y por tanto incentivar su sobre-consumo, al tiempo que desincentivan la innovación para la búsqueda de soluciones alternativas al problema del uso de los recursos naturales.
2. Expandir los derechos de propiedad en áreas donde no existen o son débiles. La alternativa, el acceso abierto, conduce a la tragedia de los comunes. La implementación de estos derechos puede tomar diferentes formas, desde la propiedad privada (la única modalidad en la que se fijan los críticos con esta propuesta) a la estatal o la comunitaria de un grupo de individuos (la “comunidad”). Scorse plantea que la clave no es tanto el tipo de derechos como que sean transparentes y aplicables de modo efectivo. Creo que, por el contrario, si existe una realción entra ambas cuestiones: los derechos estatales suelen funcionar mal convirtiéndose en un sistema de acceso abierto de facto (véase lo que sucede con las pesquerías). Los derechos comunitarios son una buena solución en comunidades tradicionales con fuertes vínculos internos y normas informales de gobierno. Por el contrario, los derechos comunitarios suelen generar conflcitos cuando esas comunidades “se abren” al mundo exterior al aumentar sus flujos de personas, información o financieros. En un mundo globalizado, las comunidades tradicionales son, cada vez, menos comunidades y menos tradicionales por lo que el uso de modelos comunitarios de gobierno se está quedando desfasado. Puede ser efectivo en determinados contextos pero también se corre el riesgo de fracasar por forzar su implantación, siguiendo ejemplos de pasados éxitos, en comunidades que ya no funcionan como tales. Un buen ejemplo del desacoplamiento temporal entre la pervivencia de derechos comunitarios y el cambio en el funcionamiento de esas comunidades lo tenemos en las causas profundas de lo sucedido en con los incendios en Galicia. En este caso la única solución viable es diseñar una transición a sistemas de propiedad privada, en algunos casos con modelos de cooperativismo que traten de conjugar la propiedad privada (derechos individuales) con la gestión comunitaria.
3. Empoderar a la sociedad con información. Scorse propone que en un sistema “puro” de libre mercado la ciencia ambiental no sería financiada al no aportar valor económico, especialmente en el corto plazo. Por eso plantea que el principal papel de los fondos públicos sea la financiación de una investigación ambiental que aporte información a los ciudadanos, empresas y ONGs para que los mercados internalicen y valoren adecuadamente los bienes y servicios ambientales. Aunque esta puede ser la mejor opción en el corto plazo, debería buscarse una alternativa en el medio y largo palazo. El poco valor añadido que genera la información ambiental no se debe, en mi opinión, a un problema intrínseco del sistema capitalista. Más bien es un problema del diseño institucional (desde los órganos de gobierno a los mercados) que no acopla las escalas ambientales y económicas en el espacio y en el tiempo (un tema que ya analicé al debatir los mecasnismos de mercado en la gestión ambiental y el problema de la gestión del agua, y en especial en España).
El acoplamiento de escalas es uno de los puntos fundamentales de las propuestas de la “resilience science”, una corriente transdisciplinar que aúna ecología, economía y ciencias sociales y que tiene su origen en el trabajo pionero de C.S. Holling. Por desgracia, este gruipo de científicos utilizan un lenguaje sumamente críptico que dificulta el debate y la transferencia de sus propuestas a otros ámbitos. Por el contrario, y curiosamenet, el blog Resilience Science, escrito por algunas de las figuras principalesde esta corriente, mantiene un lenguaje mucho má claro y directo. La ciencia de la resiliencia habla pocas veces de mercados libres, pero estos son en realidad los instrumentos más adecuados para hacer operativas muchas de las soluciones que proponen a los problemas de gestión ambiental. A modo de ejemplo, J.A. Wilson publicó recientemente un artículo en Ecology and Society (Matching Social and Ecological Systems in Complex Ocean Fisheries) donde presenta una visión basada en la ciencia de la resiliencia para la gestión pesquera. Marcelino Fuentes, con mucha ironía, “tradujo” a términos económicos más convencionales las propuestas de Wilson de modo que donde la ciencia de la resilencia invoca conceptos como instituciones, multiescala, o complejidad, Marcelino Fuentes identificaba como conceptos básicos los derechos de propiedad y los mercados.
Private ownership of fisheries would in principle work better than open access. But problems remain, and Wilson correctly identifies them. First, what you do with your fish population or portion of a population affects other populations or subpopulations of the same species. This leads to inefficient harvesting – you harvest too much because much of the costs of your harvesting are paid by others, not by you. Second, what you do with your fish population affects other components of the ecosystem your fish belong to, including other coexisting species of fish.
So, what you do affects other parts of the ecosystem and other areas. This mismatch between the scale of ownership and the different scales of ecological effects generates problems of efficiency ("sustainability"). To correct this mismatch Wilson suggests creating "multiscale institutions whose organization mirrors the spatial organization of the ecosystem." An obvious feature of these institutions is that they should be tied to space and not to fish populations, and thus should manage everything contained within that space. This is called "ecosystem management" in Resilience English.
Now, what should those institutions look like? I suggest that private agents could own and manage large areas of the seas. Perhaps they would contract specialized firms or individuals to conduct smaller-scale operations, but that would be up to them. Obviously, there would be no ecological or spatial externalities within their bounds.
Más que el debate entre la visión “resilente” y normativa de estos problemas, me interesa reseñar aquí que comparten diagnósticos y, en la práctica, buena parte de las soluciones.
4. Incrementar los mercados verdes a través de las compras gubernamentales. En todos los países, el estado es el actor económico principal (llegando a representar el 20 y el 50% del PIB en los diferentes países de la OCDE). La mejor forma de crear políticas activas de conservación ambiental y sostenibilidad es utilizar criterios claros y dirigidos a estos fines en sus políticas de compras e inversiones. No se debe confundir esto con los subsidios. Es sarcástico, y sucede por ejemplo en España, comprobar como los edificios públicos son absolutamente ineficientes energéticamente mientras que se crean nuevas leyes que obligan a los particulars a invertir para aumentar la eficiencia de las propiedades privadas.
Los puntos 3 y 4 de estas propuestas van dirgidos a gestionar el gasto público mientras que el 1 y el 2 tratan de reducir y reconducir el papel de la administración pública (y de su paso reducir su gasto). Existen posturas más extremas, y creo que menos realistas en el corto plazo, que o bien proponen aumentar el gasto y el intevencionismo público o reducirlo casi por completo. Contra los primeros están todas las evidencias que comentamos más arriba y que demuestran que los sistemas de mercado funcionan mejor en la provisión de bienes y servicios incluyendo, como se está empezando a demostrar, los ambientales. Los segundos caen en ocasiones en la utopía y se olvidan de que lo realmente importante en un cambio radical, como el que reclaman (pasar del status quo actual a un “estado mínimo”) es precisamente como se realiza la transición (los ejemplos de éxitos y fracasos en las transiciones de economías socialistas a capitalistas en Europa del Este son una buena prueba). En este sentido, la provisión de información y las compras públicas pueden ser buenas herramentas para una transición eficaz.
Los próximos días 6 y 7 de noviembre se celebrará en 
Por ahora, la visualización es un tanto tosca, pero es una estupenda demostración de la potencialidad de este tipo de herramuientas y una clara señal de por donde va el futuro. Paradójicamente, mientras la NOAA “se pasa” a SL, muchas instituciones públicas europeas, y especialmente españolas, empiezan a tratar de contar con una mínima presencia en Internet y, en algunos casos, a utilizar la red para proporcionar información (en muchos casos, aún, previo pago por parte de los ciudadanos interesados). NOAA trata de demostrar la utilidad de su trabajo a los ciudadanos, mientras que en Europa las instituciones públicas parecen estar dotadas de un carácter cuasi-divino que hace innecesaria la justificación de su utilidad o su buena gestión. De nuevo EEUU nos demuestra por la vía de los hechos nuestro retraso endémico en los usos de la tecnología por nuestras instituciones.
Desde hace unas semanas la exposición sobre Areas Marinas Protegidas organizada por el 
